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Ley Corta Nº 21.232

Ley Corta Nº 21.232

Con fecha 1 de Junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Ley No 21.232 (denominada “Ley Corta”) que modifica la Ley de Protección al Empleo N° 21.227, facultando el acceso a prestaciones del seguro de desempleo en las circunstancias que indica.


Esta nueva Ley, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece las siguientes modificaciones:

  1. Se modificó las cotizaciones previsionales que debe pagar el empleador durante la suspensión del contrato de trabajo. Originalmente, el empleador debía pagar el 50% de las cotizaciones de AFP y Salud. Sin embargo, con la “Ley Corta” se aumentó al
    100% el porcentaje de la remuneración afecta a las cotizaciones previsionales que deberán pagarse durante la suspensión de la relación laboral, quedando siempre excluido el pago del seguro de accidentes del trabajo;
  2. Respecto a los despidos, se modifica la ley original, y se establece que NO se podrá despedir a los trabajadores con relación laboral suspendida por necesidades de la empresa, y sólo proceden las causales de mutuo acuerdo, renuncia, muerte del trabajador, vencimiento del plazo o término de la obra o faena;
  3. Pueden acogerse a suspensión los trabajadores en empresas con actividades excluidas de la paralización por parte de la autoridad, en aquellos casos que los servicios de los trabajadores no sean necesarios para la continuidad de dichas actividades;
  4. Para la suspensión de común acuerdo, se establece una presunción para determinar el caso de la afectación parcial, esto es, como justificativo para invocar la suspensión por mutuo acuerdo, entendiéndose que esta existe cuando el mes anterior a la suscripción del pacto existió una disminución de las ventas de un 20% o más respecto del mismo mes el año anterior;
  5. En caso de suspensión de la relación laboral, cualquier trabajador que se vea afectado podrá recurrir a la Dirección del Trabajo denunciando que el pacto adolece de vicios en su celebración, o bien que no se cumplen las condiciones necesarias en la actividad de la empresa que justifican la aplicación del pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo. La Dirección del Trabajo podrá requerir informe al Servicio de Impuestos Internos y a cualquier otra entidad pública o privada que permita establecer la situación real de la empresa. De verificarse la efectividad de la denuncia, la Dirección del Trabajo deberá derivar los antecedentes a los tribunales de justicia, a
    fin que se apliquen las multas y sanciones que la ley establece;
  6. Se estableció una prohibición para las sociedades anónimas que se acojan a la Ley de Protección al Empleo, y para las S.A. que son parte de algún grupo empresarial en que cualquiera de las entidades del mismo se haya acogido a la Ley de Protección al Empleo, por la que no podrán repartir dividendos a sus accionistas con cargo al ejercicio en que se hayan acogido a dicha ley;
  7. Las empresas que sean controladas por sociedades que mantengan capitales o empresas relacionadas en paraísos fiscales, no podrán acogerse a la Ley de Protección al Empleo;
  8. Se estableció además que los directores de las sociedades anónimas abiertas en que todos o la mayor parte de sus trabajadores hagan uso de los pactos de suspensión de relación laboral, no podrán percibir honorarios o dieta alguna por el ejercicio de dicho cargo de director, en porcentajes superiores a los establecidos por el seguro de cesantía;
  1. Se estableció la prohibición de suspender la relación laboral (ya sea por acto de autoridad o por mutuo acuerdo) a trabajadoras afectas al fuero maternal que establece el artículo 201 del Código del Trabajo;
  2. Se permitirá la implementación de las alternativas de la Ley de Protección al Empleo a las empresas que sean contratadas por el Estado para la ejecución de obras o proyectos de inversión y que dichos servicios sean pagados por estado de avance de las obras;
  3. Para los empleadores que durante la vigencia de las medidas establecidas no cumplan con la obligación de pagar las cotizaciones previsionales relacionadas con la administración de fondos de pensiones y seguro de invalidez y sobrevivencia, se aumentó el plazo para su pago a 24 meses, facultándose a realizar dicho pago en
    parcialidades;
  4. Se ordenó que las pensiones alimenticias que se pagan por el empleador a través de orden judicial serán pagadas por el AFC en la proporción correspondiente, sin que los titulares de del derecho de alimentos deban realizar algún trámite. Para ello la empresa debe registrar en la AFC esta circunstancia.

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